Cuando la violencia sexual también es considerada un delito de lesa humanidad

Violencia sexual delito de lesa humanidad

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió esta semana, en su alegato en el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos en la ex ESMA, que se inicie una investigación autónoma por los delitos de violencia de género cometidos en ese centro clandestino de detención
Con esta alegato, a cargo de
Carolina Varsky, se avanza un paso más en la consideración de que los abusos sexuales cometidos durante la dictadura cívico-militar, en las detenciones ilegales, deben ser considerados delitos de lesa humanidad
Anteel Tribunal Oral 5, Varsky dijo que "los delitos contra la integridad sexual configuraron una más de las prácticas aberrantes a las que fueron sometidos la gran mayoría de los detenidos y detenidas".

En abril de 2010, por primera vez en el país, el Tribunal Federal de Santa Fe, que condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia, emitió el primer fallo que estableció la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura.
"Los abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio (...) constituyen una forma más de tormento y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad", sentenció el Tribunal.
La querellante de la causa, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia sexual durante 32 años.
En sus declaraciones judiciales anteriores, dijo que había sufrido abusos, pero recién en el juicio a Barcos reveló que había sido violada dos veces, por el acusado y por otro represor que no pudo identificar porque tenía una capucha en la cabeza.
"Consideramos que la violencia sexual soportada por las víctimas de estos aberrantes crímenes, también constituye una forma más de tormentos, y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad", sostuvo el Tribunal.
Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea local, Gregorio Rafael Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados.
A estos se agregaron testimonios en Rosario, en las audiencias de la causa Díaz Bessone, en el Tribunal Federal Oral 2 de Rosario, donde dos testigos y víctimas, Stella Hernández y Elida Deheza, lo contaron en nombre propio.
Sin embargo, otro de los testigos en esta causa en Rosario, Daniel Gollán, refirió que había sido empalado, mientras los torturadores hacían alusiones a su sexualidad, de manera que no sólo las mujeres fueron víctimas de este delito específico.
Luego, también en 2010, dos represores fueron detenidos en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla actualmente en Mendoza por violaciones a las prisioneras.
Las violaciones a las prisioneras eran consideradas "hechos eventuales" y por lo tanto prescribían, pero desde el año pasado, al comprobarse que se trataba de una práctica sistemática, se las equiparó a otras torturas.
Rosa del Carmen Gómez relató durante el juicio, que comenzó en noviembre en Mendoza, que fue violada de modo reiterado durante los nueve meses que estuvo secuestrada en la cárcel clandestina que funcionaba en la Central de Policía de la calle Belgrano.
Ella, Silvia Ontivero y Luz Faingold, relataron, con mucho dolor, haber sido violadas salvajemente durante su cautiverio en el D2.
"Soportamos todo tipo de torturas, pero quizá la más horrorosa fue que por la calidad de mujer me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno", declaró Ontivero y recordó con "horror" cómo otra de las detenidas, que estaba recién operada, también fue vejada sexualmente.
En enero de 2011, en Tucumán, el juez federal Daniel Bejas equiparó los ataques sexuales contra las detenidas-desaparecidas con los crímenes de lesa humanidad.
Militares, gendarmes, policías y civiles, entre ellos un sacerdote y el titular de una de las escribanías más importantes de la provincia, fueron procesados por la Justicia Federal en la megacausa "Arsenales"
Están acusados de "violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, delitos sexuales, homicidio agravado y asociación ilícita agravada, en el contexto del crimen de genocidio".
La Justicia ordenó por primera vez el procesamiento de represores acusados de violar a detenidas.
"Se repartían las mujeres como un botín", fue frase de dicha por Hugo Andina Lizárraga, un veterano dirigente del peronismo combativo de Tucumán, quien fue, en 1975, uno de los primeros prisioneros de la Escuelita de Famaillá, el campo de concentración emblemático del Operativo Independencia.
La resolución judicial, que ordenó el procesamiento de 21 personas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, precisó que los abusos sexuales y las violaciones de las mujeres secuestradas formaron parte del plan sistemático de exterminio.
El juez Bejas recordó que en la causa 13, que condenó a los integrantes de las tres primeras juntas militares, "los delitos sexuales denunciados por las víctimas en sus testimonios no fueron objeto de acción penal, habiendo permanecido invisibilizados hasta fechas recientes".
Ya en 2007, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas que investigue a los represores Julio Simón, Samuel Miara y Juan Carlos Falcon, por abusos sexuales que sufrieron detenidos en centros clandestinos.
Esta fue la primera vez desde la revisión penal del terrorismo de Estado, que se pidió que los abusos sexuales y violaciones que sufrieron algunas personas secuestradas sean investigados por la Justicia Federal.
Para su pedido, el funcionario del Ministerio Público tomó en cuenta los testimonios de varias mujeres -cuyas identidades no se difundieron para preservar el derecho a la intimidad- que aseguraron haber sido violadas o abusadas por aquellos y otros ex represores.