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El llamado a sala es para los ministros Roberto Kreimerman (Industria), Graciela Muslera (Vivienda) y Héctor Lescano (Turismo).
El presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou, dijo que la interpelación "es en rechazo a esta inversión". Agregó que "a sola magnitud de la inversión amerita la presencia de los ministros".
La minera Aratiri prevé invertir en la extracción de hierro mas de US$ 1.000 millones.
En nombre del Frente Amplio, los diputados Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Yerú Pardiñas (Partido Socialista) dijeron que si lo que se buscaba era información se podía haber buscado otro mecanismo parlamentario.
El oficialismo quería que se convocara a los ministros a Comisión General o a las comisiones de Industria o Vivienda de la Cámara.
La interpelación se votó por 41 en 71 diputados presentes
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Para el bien del país, la Concreción del Proyecto Minero
El gobierno mantiene intacto su interés en que desembarque en el país la inversión de Aratirí, una firma dedicada a la minería de capitales indios. De todos modos, se muestra firme en sus exigencias ante un proyecto de gran porte que genera resistencias por parte de actores medioambientales.
Actualmente, las partes buscan un memorándum de entendimiento pero surgieron varios puntos de desencuentros.
“Difícil”, contestó ayer el presidente José Mujica consultado por El Observador sobre la marcha de las conversaciones en curso. Si bien la firma ya comenzó a explorar el subsuelo uruguayo y a medir la calidad del hierro, aún no ha confirmado que realizará la inversión.
De todos modos, en el gobierno confían en que eso sucederá este año. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo El Observador que “en el correr de los próximos meses” la inversión será un hecho. Agregó que el gobierno tiene “mucho interés” en que eso suceda pero “siempre y cuando” se cumplan al pie de la letra los requisitos que pone el Estado.
“El gobierno hace un enorme esfuerzo para atraer inversiones permanentemente pero no a cualquier costo. Tiene que haber una relación costo/beneficio a largo plazo importante para el Estado”, aseguró el jerarca.
Nuevas reglas
El interés de Aratirí por extraer minerales en Uruguay obligó al gobierno a “aggiornar” las normas que regulan la actividad. En este sentido, la Dirección Nacional de Minería comenzó hace un año a discutir un cambio a la legislación vigente y envió al Parlamento un proyecto de ley sobre la actividad. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y espera por el tratamiento en el Senado.
Los principales cambios que prevé el proyecto de ley refieren a una modificación a la forma en la que se calculan los canon que cobra el Estado y una mayor rigurosidad respecto a los plazos de los permisos otorgados.
A su vez, una vez que la nueva reglamentación esté vigente dará al Estado la potestad de comprar a precio de mercado un 15% de la producción de una mina a los efectos de desarrollar cadenas de valor con esos productos, según informó el titular de la institución, Pier Rossi. “Antes era absolutamente propiedad de la empresa”,dijo.
Aunque tanto el gobierno como la empresa dan señales a favor de que la historia terminará con Aratirí instalada en Uruguay, la Dirección Nacional de Minería no recibió ningún proyecto con los planes de excavaciones.
“Acá la empresa no tiene ningún proyecto presentado sobre el proyecto de mina en sí mismo”, dijo Rossi, e informó que hasta que no se de ese paso, no habrá un visto bueno técnico al proyecto de inversión que, de concretarse, ascenderá a los US$ 1.500 millones.
Además, otro órgano oficial que está estudiando los planes que la firma minera tiene para Uruguay es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Hace dos semanas, esa oficina recibió un documento sobre el proyecto, que ya comenzó a ser analizado. De todos modos, por tratarse de un caso de gran porte su análisis llevará “entre seis y ocho meses”, según informó a El Observador el titular de la Dinama, Jorge Rucks. Llevará ese tiempo si el texto contiene toda la información que el organismo requiere ya que, ante dudas o falta de datos, deberá comenzar un diálogo con el interesado y los plazos se extenderán.“Legalmente no se puede iniciar ningún tipo de acción si no está aprobado por Dinama”, aportó Rucks.
Protestas
A pesar de la cifra de inversión millonaria, la llegada de Aratirí al país no conforma a todos. Grupos ambientalistas reparten volantes advirtiendo sobre los efectos medioambientales negativos de la explotación minera. Eso llevó a la oposición a reclamar respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo.
El diputado Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) promueve la interpelación de los ministros Roberto Kreimerman (Industria, Graciela Muslera (Vivienda y Medio Ambiente) y Héctor Lescano (Turismo y Deporte).
Fuente: Observa
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Comentarios generales sobre la SAAP de las empresas Aratirí S.A. y Minera San Gregorio S.A.
En esta sección realizamos comentarios que entendemos podrían mejorar el proceso de Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP) y facilitar la clasificación de dichos proyectos en A, B o C, es decir para decidir si los emprendimientos requieren estudio de impacto ambiental parcial o completo, o no lo requieren. Entendemos que haciendo modificaciones sencillas a los protocolos de SAAP se podría mejorar sustancialmente este proceso.
Sobre la forma de obtener la información ambiental
En primer lugar queremos expresar nuestra preocupación sobre la superficialidad con la que se presentan los informes de SAAP y aún más nos preocupa como la DINAMA puede tomar una decisión de clasificar un proyecto como A, B o C en función de tan escueta información.
Por ejemplo, la descripción de la información ambiental es extremadamente superficial, y en algunos casos como en el de la Minera de San Gregorio S.A. se limita únicamente a una tabla donde se marca con si/no la presencia de elementos de especial interés, como flora y fauna o paisajes singulares.
En los tres informes analizados, aún cuando se describe muy brevemente la fauna y flora y otros elementos de especial interés, la información presentada es extremadamente superficial e incompleta. Más aún, los documentos poseen un carácter informal y poco profesional al no describir la forma en que se obtuvo la información presentada. Este último punto imposibilita evaluar si un área tiene o no bajos valores de biodiversidad o paisajes destacados independientemente de las opiniones del técnico proponente. Ilustramos esto con un ejemplo. En el informe presentado por Aratirí S.A. para Treinta y Tres se menciona que en la zona se encontraron únicamente dos especies de anfibios y 74 de aves. ¿Esto es mucha riqueza o poca en comparación con otras áreas? Esta pregunta es imposible de contestar si no sabemos como el técnico obtuvo la información. ¿Tomó los datos de la biografía o visitó el sitio? Si se basó en biografía, ¿cuáles fueron las referencias consultadas? Si se visitó el sitio, ¿cuál fue el esfuerzo y el diseño de muestro que sustentan dichas observaciones? ¿Realizó una transecta en vehículo o caminando, y que duración tuvo? ¿Instaló trampas de caída para los anfibios o simplemente dio vuelta piedras (técnica simple de relevamiento rápido de anfibios en zonas pedregosas)? ¿Cuánto tiempo estuvo dando vuelta piedras? ¿Estratificó su muestreo según los diferentes tipos de ambientes presentes o se concentró en el ambiente predominante? Esto es aplicable también a la descripción de los cuerpos de agua, de los elementos de valor histórico o cultural, entre otros.
En este sentido recomendamos enfáticamente que la DINAMA incorpore en los protocolos de presentación de estos informes un apartado que refiera a “diseño y esfuerzo de muestreo” o “metodología empleada para obtener la información”. En esta sección los proponentes deberán detallar las formas de obtener información (transectas, trampas, métodos de colecta y análisis de calidad de agua, entrevistas, revisión bibliográfica, distribución y estratificación espacial, etc.) y el esfuerzo empleado (número de muestras, horas de duración del relevamiento, días de visita, época del año, condiciones climáticas, etc.). Pensamos que esta información mejorará sustancialmente la interpretación y la decisión de la DINAMA para clasificar un proyecto o pedir ampliación de información, a la vez que le evitará al emprendedor un retraso en su proceso de evaluación por solicitud de ampliación de la información.
También se considera muy importante la presentación de mapas de vegetación y/o de unidades ambientales que permitan visualizar el conjunto del territorio afectado e identificar los puntos de muestreo de los diferentes componentes (flora, fauna, suelos, agua, etc.).
Sobre los juicios de valor sin sustento científico
Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar es la incorporación en los informes de juicios de valor, que, pudiendo o no estar en lo cierto, no pueden ser validados por el evaluador. Un caso muy claro es el de los paisajes. En los tres informes analizados se indica que la zona no tiene paisajes destacados. Sin embargo, no se presenta ninguna argumentación al respecto, ni siquiera registros fotográficos de la zona. De hecho, las descripciones generales de los sitios contenidas en los informes podrían guiar a los lectores a conclusiones opuestas. ¿Cuál es el juicio de valor por el que un territorio de las serranías y praderas del este carece de valor paisajístico? ¿Existe algún trabajo científico o técnico que haya utilizado indicadores para otorgar valor paisajístico, cuál es? Al menos sería deseable que en estos informes se solicitaran la presentación de fotografías panorámicas exhaustivas. Es sabido que los técnicos de DINAMA no visitan todos los sitios en que hay una SAAP, por lo que las fotografías contribuirían sustancialmente a que el evaluador tenga una imagen del lugar. Estas fotos sería deseable que fueran además acompañadas de buenos mapas de la zona, y no únicamente de coordenadas, como en el la SAAP de la Minera San Gregorio S.A. Para evaluar adecuadamente la propuesta sería necesario poder superponer distintos mapas, el correspondiente a suelos, vegetación, predios y sitios de las exploraciones.
Otros juicios de valor inaceptables son, por ejemplo, “el agua sale limpia”, como se menciona en el informe de Aratirí S.A. sobre las exploraciones en Treinta y Tres. El informe describe el proceso de perforación para obtener un testigo de roca, en el cual se utiliza agua para lubricar y refrigerar el cabezal de perforación. Dicha agua es tomada de arroyos o acuíferos, se le agrega un producto refrigerante y lubricante y posteriormente circula por tres piletas de decantación de sólidos en suspensión, creados simultáneamente in situ. Cuando el agua sale de la tercer pileta, “sale limpia”, y puede ser reutilizada en la maquinaria. Cuando la perforación termina el agua permanece en las piletas, que son aparentemente simples perforaciones en el terreno sin impermeabilización, la cual es evaporada o infiltrada en el sustrato de la pileta. Si bien es altamente positivo que se reutilice esta agua, no queda claro porqué el “agua sale limpia” está “limpia” de sólidos en suspensión tal vez, pero ¿está libre de otras sustancias potencialmente contaminantes (refrigerantes, lubricantes)? ¿Está libre de los metales pesados que integran el sustrato rocoso molido durante la perforación? Una aseveración tan contundente debería ir acompañada de los resultados de un estudio químico del agua o bien de un estudio científico que muestre que el agua resultante en casos similares no presentó metales pesados u otros contaminantes que puedan infiltrar a la napa o suelo.
Otro ejemplo de juicio de valor no sustentado; “La presión antrópica a la que ha estado sometida el área, principalmente ganadería ovina y forestación, ha determinado la drástica disminución de zonas donde la fauna nativa pudiera encontrar resguardo y sustento”. Esta es una aseveración muy contundente presentada en el informe de Aratiri S.A. para Treinta y Tres, y para la cual no se presentan argumentos que la sustenten. La aseveración trasmite la idea que el área está muy deteriorada y por tanto ya no tiene valor para la conservación y por tanto puede seguir siendo deteriorada. Una aseveración de este tipo debería ser acompañada de al menos datos cuantitativos sobre los usos del suelo y el manejo realizado. La ganadería bien manejada es posiblemente el uso productivo más compatible con la conservación de la biodiversidad en el país, y no se desprende de la información presentada que el manejo ganadero de la zona haya sido inadecuado como para arribar a tal conclusión. Por otro lado, para concluir que existió una “drástica disminución” de fauna se requerirían resultados de estudios comparativos en el tiempo, los cuales tampoco son presentados.
Un último ejemplo de juicios de valor que queremos comentar refiere a los procesos de remediación; informe de Aratirí S.A. para Treinta y Tres, los solicitantes informan que los procesos de remediación propuestos son exitosos y que en 20 días ya se observan mejoras. Sería deseable que la empresa le presentara a la DINAMA datos concretos y objetivos que permitan una evaluación independiente del proceso de recuperación del ambiente, o al menos que se hiciera referencia a estudios nacionales o internacionales independientes que evalúen la eficiencia de dicho manejo. Por otra parte, un aspecto que vuelve dudoso incluso esta medida de remediación es la utilización de semillas de especies nativas para la remediación de la pradera natural. En particular, en la solicitud de AAP de Treinta y Tres (tabla 8.3) se plantea que se sembrarán semillas de especies nativas como medida de remediación. Esta propuesta, que de por sí resultaría sumamente interesante considerando que la pradera natural es el principal ecosistema afectado en la propuesta, no se presenta seriamente. El país y el sistema de investigación en especial tienen una gran deuda en este tema, pero lo cierto es que no se dispone de semillas de las especies nativas del campo natural ni de las técnicas para su siembra, establecimiento y manejo para su permanencia. Esta realidad hace que la propuesta de remediación no resulte viable.
Los cuestionamiento realizados a la presentación de juicios de valor sin sustento científico no implica un pronunciamiento sobre el punto de fondo, es decir, si a los técnicos de las empresas les asiste o no razón sobre la inocuidad del agua post perforaciones, o sobre la capacidad de remediación del manejo realizado.
El llamado de atención se enfoca en la falta de sustento de las opiniones presentadas, y como estos juicios pueden sesgar la decisión del evaluador dando una falsa seguridad que no está demostrada.
Para esto sugerimos que los protocolos de SAAP soliciten a los técnicos que incluyan las referencias bibliográficas y que presenten datos originales contrastables en los que basan sus juicios de valor. En todos los casos la información debería ser acompañada de una descripción detallada y exhaustiva de la metodología empleada para recabar la información (original o bibliográfica).
[leer más]
http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/06/sobre-las-saap-cure/
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