El Salvador: En la cárcel los jefes de la guerra

Por Hugo Sánchez/Gerardo Arbaiza

SAN SALVADOR- El Salvado ramaneció conmocionado, luego de saber que la cúpula militar que condujo al ejército durante una buena parte de la guerra civil (1980-1992), guarda prisión en una de las instalaciones castrenses en las que antes y durante el conflicto armado se sembró el terror contra los opositores a la dictadura.

Ubicados ahora en una celda, con barrotes y durmiendo en camarotes de dos camas, los nueve militares, acusados de la masacre de de 6 padres jesuitas, su colaboradora y la hija de ella en 1989, han iniciado un proceso penal por el cual podrían ser extraditados a España para recibir un castigo que nunca imaginaron.
Desde que se conoció que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, giró orden internacional de captura contra de los mandos militares acusados de perpetrar la masacre de la UCA, en El Salvador se ha vivido una jornada de especulaciones jurídicas y políticas acerca de que si los acusados serán o no extraditados.
Durante muchos años los militares han logrado evadir la justicia por crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos durante la conflagración armada, escudados en la polémica Ley de Amnistía decretada por el congreso salvadoreño en 1993, misma que perdonó todos los crímenes graves cometidos entre 1980-1992, tanto por militares y guerrilleros.
El proceso: A primeras horas
Según circuló en un boletín de prensa enviado por Casa Presidencial, los 9 nueve militares resguardados en la Brigada Especial de Seguridad Militar, desde el domingo, fueron puestos a disposición del juez Décimo Segundo de Paz, Roberto Carlos Calderón, y así lo confirmaron a ContraPunto fuentes cercanas a los tribunales.

“El juez Décimo Segundo de Paz recibió el oficio por parte del ministro de Defensa, donde le informaba que ponía a su disposición a los nueve militares que se habían entregado voluntariamente a la guarnición mencionada”, dijo una vocero de los tribunales.
Posteriormente, le juez Calderón se avocó a las instalaciones donde se encontraban los acusados para realizar una inspección de las condiciones de las celdas donde se encuentran así como notificarles los delitos por los cuales son requeridos por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional España.
De igual forma el juez solicitó un informe a la Interpol (Policía Internacional) acerca la situación de la orden de captura internacionales giradas contra los militares acusados de matar a 6 padres jesuitas su colaboradora y la hija de ésta.
“Con esta información el Licenciado Calderón fue a la Corte Suprema de Justicia a entregar la documentación que él tenía al respecto (...); el juez Roberto Calderón ya hizo lo que tenía que hacer”, señaló la fuente.
Agregó que hubo una confusión por parte de las autoridades militares que asumieron que el juez Décimo Segundo de Paz era el encargado de realizar todas las extradiciones, cuando en realidad es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la tiene que nombrar a un juez en cada caso.
El juez Roberto Carlos Calderón ya ha fungido como juez de extradición en dos casos. El primero fue cuando José Marvin Hernández Martínez fue extraditado hacia los Estados Unidos para purgara una condena por delitos sexuales.
Posteriormente en el caso de la camerunesa Clemence Kamdem Djimi que era reclamada por la justicia costarricense por los delitos de estafa y hurto.
El proceso: Lo que sigue y las contradicciones
En las primeras horas del día se vivió una gran confusión entre los medios de comunicación, la sociedad civil y las mismas autoridades al no aclararse el porqué los militares han sido puestos a la orden del juez Calderón y si el ejército está facultado para detenerlos y presentarlos ante la justicia.


Según aclaró el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulises de Dios Guzmán, cualquier juez en materia penal está facultado, por una reciente resolución de la CSJ, para conocer este tipo de casos y declararse competente, así como valorar y decidir si los acusados guardan prisión preventiva o se les aplican medidas sustitutivas. Pero señala que lo correcto hubiera sido que la Corte designara previamente al juez.
Guzmán asegura que el siguiente paso es que la Corte en pleno respalde o no la decisión del juez de que los acusados guarden prisión y se comisione a un juez encargado de llevar el proceso.
De Dios Guzmán señala que la confusión se ha dado por la resolución que emitió la CSJ en la que la policía puede proceder a la captura de los requeridos sólo con la existencia de la difusión roja de la Interpol.
“El procedimiento jurídico que corresponde en estos casos es que la difusión roja no es más que una alerta policial, una alerta administrativa; la Interpol no ejerce una jurisdicción sobre El Salvador solo ejerce una actividad administrativa de localización de fugitivos internacionales”, explicó el magistrado.
Pero también señaló que lo que falta en este proceso es que se presente una petición formal del Estado español para que se extradite a los acusados.
“Lo que ocurre en este momento es que todavía falta por parte de España, me refiero al país como tal no a la Interpol no al juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional de España que es simplemente un juzgado extranjero sino que se necesita una petición del Estado”, expuso.
El magistrado apuntó que dicha solicitud, como lo plasma el Tratado de Extradiciones firmado entre España y El Salvador, debe ser girada por el Ministerio de Justicia del Reino de España a la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador por vías diplomáticas.
“Lo propio tendría que haber sido que el juez español hubiese cumplido con el Tratado de Extradición, hubiese hecho la solicitud de detención con fines de extradición a través del ministerio de justicia español, ese es el trámite que el juez de la Audiencia Nacional de España hubiera seguido y que no ha seguido”, enfatizó.
Además dice que el Estado español tiene 60 días luego de ser notificadas para presentar los documentos necesarios para la tramitación, de lo contrario los militares quedarían libres.
Por otra parte, fuentes cercanas a la CSJ han señalado que solo con la presentación del acta levantaba por el juez Calderón y que ha presentado a la CSJ no basta para que dicho tribunal conozca y se pronuncie al respecto.
“El proceso no es así, en el momento que la Interpol tome posesión de los reos en ese momento ellos tienen que enviar la nota a la Corte, pero no la han enviado porque no los tienen en su poder”, dijo.
Lo que significa que es la policía la que tiene que capturar y presentar a los acusados ante la CSJ, y no los militares porque éstos no están facultados para dichas acciones, con las solicitudes de extradición para que la misma decida si hay o no una causa válida para la extradición, de lo contrario no existe un proceso real.
Actualmente los militares guardan prisión preventiva en las celdas de la Brigada Especial de Seguridad Militar en San Salvador.
Opiniones militares
Instantes después que se conociera que los nueve militares retirados implicados por la Audiencia Nacional de España en el Caso Jesuitas se entregaron el domingo por la noche en la Brigada Nacional de Seguridad Militar (ex-Guardia Nacional), las reacciones ante la posible apertura de un proceso de extradición contra estos antiguos altos mandos castrenses surgieron de inmediato.
El general en retiro Mauricio Vargas, declaró esta mañana en un programa de entrevistas que el proceso abierto en la Audiencia Nacional de España contra los nueve ex jefes militares es ilegal y que incluso, podría romper el proceso de Paz en El Salvador.
Vargas argumenta que con el solo hecho que se dé la extradición de los implicados sería como un “tsunami que se dejó venir y ahí salvase quien pueda”.
Este antiguo miembro de la “Tandona” y comandante de la Tercera Brigada durante el conflicto armado salvadoreño, sostuvo que la orden de captura girada por el juez de la Audiencia Española, Eloy Velasco, es parte de un proceso que carece de sustentos legales y posee vicios de ilegalidad.
Vargas ampara dichos vicios de ilegalidad en el hecho que el crimen de los padres jesuitas ya fue juzgado en El Salvador, además que la Ley de Amnistía de 1993 sobresee los crímenes cometidos durante el tiempo de la guerra civil en El Salvador.
Ante la decisión del juez Velasco de reabrir el Caso Jesuitas debido a que los anteriores procesos fueron fraudulentos, Vargas declaró que el jurista español no tiene injerencia para calificar el proceso en el país.
“El coronel Guillermo Alfredo Benavides fue enjuiciado por ese hecho, ya hay una causa juzgada y no me compete definir si fue justa o injusta”, mencionó Vargas.
Cuando fue cuestionado sobre si tenía conocimiento sobre una supuesta reunión de los altos mandos de la Fuerza Armada, el día antes del asesinato de los Jesuitas, Vargas dijo no haber participado en ella, e incluso desconoció sobre la misma, debido que para ese tiempo se encontraba en la Tercera Brigada, en el departamento de San Miguel.
“Si ese día hubiese estado en San Salvador y aunque hubiese estado vendiendo tomates en el mercado Sagrado Corazón, estuviera implicado en esa situación.”, aseveró.
El ex militar enfatizó que en 32 años de servicio no recibió ni participó de una orden como la del asesinato de los sacerdotes jesuitas, y expresó que todo el proceso se está llevando debido a una lógica de odio y antimilitarismo.
Vargas aduce que solo sostiene su punto de vista sobre los hechos, en los cuales hubo acciones de carácter personal y tienen costos personales, pero que no tienen que desprestigiar a todo un cuerpo, como lo es la Fuerza Armada.
“Hay molestias por parte de algunas personas que no conciben a la Fuerza Armada como una institución moderna, luego que por mucho tiempo se le asoció como una institución arcaica”, señaló.
Al final de su intervención televisiva, Vargas dijo que es necesario entender y respetar el derecho a saber la verdad que tienen los representantes de la Compañía de Jesús en El Salvador y mencionó que su pensamiento personal gira en torno a la doctrina social de la iglesia.
Parafraseando el pasaje bíblico de la mujer adúltera en el evangelio de San Juan, aseveró que existe en la sociedad personas que tienen derecho para mentir, confundir y que viven del victimismo, y a ellas les dice “el que tenga falta que pague, y el que no, que no pague.”
Los acusados hablan
Por su parte los acusados de la matanza de 6 padres jesuitas su colaboradora y la hija de la misma emitieron un comunicado en el que exigen al Estado salvadoreño una “enérgica condena al Gobierno del Reino de España, por la clara violación de la soberanía nacional”.
“Bajo ninguna circunstancia reconocemos la jurisdicción de los tribunales españoles en este caso, el cual ya fue investigado, juzgado y en su oportunidad fueron condenas las personas que resultaron responsables por tales hechos”, consigna el comunicado.
La muerte de los padres jesuitas se dio en el marco de una ofensiva guerrillera en 1989 en medio de una cruenta guerra que dejo unos 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos en El Salvador entre 1980 y 1992.
En un inicio se la causa era contra 20 militares pertenecientes a la “Tandona” que según el auto de procesamiento dado por el juez español pretendían mantener el poder factico que poseían, y dado que los jesuitas mediaban en un proceso de negociación entre la guerrilla y el gobierno decidieron matarlos.
La “Tandona” fue una promoción de la Escuela Militar de 1966, año en que se graduaron 47 oficiales, el doble de lo que sería un año normal. También es famosa por haber muchos hijos de ex-oficiales de alto rango y de familias económicamente poderosas.
Dicho grupo asumió el control de los mandos claves de la Fuerza Armada en 1988, cuando el fallecido René Emilio Ponce fue nombrado Jefe del Estado Mayor salvadoreño.
El ejecito salvadoreño comandado por la “Tandona” es señalado por el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993 de perpetrar una serie de crímenes lesa humanidad, crímenes que según el derecho internacional no prescriben ni están sujetos a amnistías.
Fuente: Contrapunto