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.Custodiar dos cuadras por $ 400.000 Inseguridad. Vecinos de barrios como Villa Biarritz y Pocitos Nuevo se reúnen
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| Barrios Privados, Pobres Afuera |
Están cansados de "vivir con el corazón en la boca". Consideran que la situación de inseguridad que se vive en su entorno (y en la mayoría de los barrios de la capital) es insostenible y que el Estado no responde, a pesar de los elevados impuestos que pagan mensualmente.
Dicen estar empezando a convencerse de que el problema no tiene solución, al menos en el corto y mediano plazo, y que para volver a vivir "más o menos tranquilos" no tienen "otro remedio" que tomar acciones por cuenta propia, aunque impliquen un costo adicional. Los planes de seguridad privada, por los que se llega a cotizar hasta $ 400.000 mensuales, son la alternativa.
Sin embargo, la modalidad de contratación que plantean no es la que se acostumbra a utilizar actualmente (con protección y seguridad por hogar), sino que la idea, ahora, es aunar esfuerzos y recursos para protegerse de forma colectiva, y "cercar" el barrio o la zona.
Pocitos, Pocitos Nuevo, Punta Carretas, Villa Biarritz, Buceo, Carrasco, son algunos de los barrios donde organizaciones de vecinos e instituciones comenzaron a reunirse de forma espontánea para tratar el tema, independientemente de las Mesas de Seguridad Ciudadana creadas por el Ministerio del Interior y que, justamente, no tranquilizan a los vecinos.
"Estamos en un proceso de transición entre lo que era `protejo mi casa, mi mundo`, a tratar de reunirnos, escucharnos, para protegernos entre todos y optimizar los recursos que tenemos, ante la inseguridad ya desesperante con la que se vive", explicó a El País Roberto Scarsi, integrante de un grupo de vecinos de Pocitos.
Así como en Pocitos, en otras zonas de la capital también van en esa misma dirección, incluso con un grado mayor de avance. Tal es el caso de Villa Biarritz (en los alrededores del parque) y el club Biguá. La institución fue la primera en tomar medidas ante el azote y los robos constantes que sufrían niños, jóvenes y personas mayores, socias del club.
"Los chicos que hacen un trayecto de dos cuadras para venir desde sus casas al club, llegan muchas veces casi sin ropa y en un mar de lágrimas; en el trayecto les roban los championes, la campera, la mochila, el celular, les pegan, los amenazan. Te cobran `peaje` en el parque y si no les das plata te marcan. Muchos señores llegan en bicicleta y se las roban. Hasta han entrado al club y se han robado computadoras", narró Tomás Wahrmann, presidente de la institución.
Al ver que la Policía no ofrece respuestas y que es necesario "hacer algo sí o sí", el club decidió costear un servicio de seguridad privada, a cambio de un incremento en la cuota mensual de los usuarios.
Los resultados fueron positivos, afirman. Por $ 150.000 al mes dos guardias de seguridad privada, sin armas, rondan la zona que circunscribe a la institución, con un efecto "disuasivo", 12 horas por día.
Además, instalaron unas 40 cámaras de seguridad (a US$ 300 cada una), conectadas a una central del club.
"Esto es un costo muy grande para nosotros, porque los servicios de vigilancia son caros. Pero partimos de la premisa de que el problema no tiene solución. Y así hemos logrado estar un poco más tranquilos. Aunque igual se suceden hechos porque el servicio que contratamos es limitado a las cuadras que rodean el club", expresó Wahrmann.
EL PARQUE. Siguiendo la experiencia del club, y con el tema de la inseguridad como común denominador, fue que surgió de forma informal una comisión de vecinos del Parque Villa Biarritz, que pretende ir hacia un sistema de seguridad privado para su entorno.
"Existe hoy mucha incertidumbre y angustia por la falta total de seguridad. Muchos vecinos nos dimos cuenta de que, lamentablemente, no podemos esperar por el Estado para que solucione este problema. Porque no tiene la solución. A la gente le pega mal la idea de tener que sacar plata de su bolsillo para poder vivir tranquilo, cuando es algo que el Estado o el gobierno tendría que hacer con los elevados impuestos que ya se pagan. Pero la realidad está golpeando fuerte. No deja mucha más alternativa", dijo a El País María Elena Morán, integrante de la comisión.
Luego de realizar varias reuniones, la comisión designó a un gestor que irá puerta por puerta, ya sea de casas o edificios, con el fin de relevar el compromiso y la predisposición de los vecinos a aportar un adicional para contratar un servicio de seguridad privada, que extienda el radio de patrullaje que existe hoy en el club.
Se trata, en promedio, de unos 150 edificios que "miran hacia el parque", según describió la comisión, además de las casas. A todo esto, el club será el encargado de los temas administrativos y de organización, concernientes al listado de vecinos que aportarían: el cobro de la cuota, contratación del servicio y demás trámites.
También se pedirá el aporte de empresas y comercios de la zona, que forman parte del entorno y comparten las mismas preocupaciones.
La idea es que para marzo del próximo año esté pronto el relevamiento. "Si llegamos a un porcentaje que nos asegure un mínimo de fondos, empezamos. En el caso de los edificios, que son la mayoría, se cobraría un pequeño adicional en los gastos comunes. Lo que estamos pidiendo es una pequeña alza en ese presupuesto de seguridad, que va a ser invertido para el barrio, el entorno. Si bien sabemos que no es la solución al problema, es por lo menos un paliativo inmediato", explicó Domingo Gallo, otro de los integrantes de la comisión.
Este grupo de vecinos ya pidió presupuestos a las empresas del rubro para la elaboración de un plan de seguridad en el entorno del parque.
En promedio, el precio ronda los $ 350.000 al mes, por un servicio de 24 horas (los siete días de la semana), de dos guardias de seguridad en puestos fijos (garitas) más otro efectivo que realice tareas de patrullaje en moto, todos en comunicación directa con la comisaría de la zona. Desde la comisión de vecinos y el club afirman que esta presencia en el entorno será "disuasiva" y mejorará la situación.
De igual modo se están organizando en el barrio Punta Carretas, Pocitos Nuevo y la zona de colegios de Carrasco, en Máximo Tajes, por poner algunos otros ejemplos
AUTORIDADES CRÍTICAS. Según cuentan los vecinos, las autoridades policiales y del Ministerio del Interior han sido críticos a estas medidas que empiezan a adoptar algunos barrios, ya que entienden no contribuye a solucionar el problema, sino que solamente "tienden a correrlo hacia un costado".
Eso mismo es lo que empezaron a notar los vecinos de Pocitos Nuevo, según cuenta Aldo Lema, integrante de la comisión de esa zona, que comprende el entorno de la plaza Vinicius de Moraes, entre Pereira de la Luz y José Iturriaga.
"Notamos un desplazamiento del delito hacia nuestra zona en el último tiempo, coincidente con una reacción y mayores medidas de seguridad que adoptaron otros barrios cercanos, como Punta Carretas. En los últimos meses se han incrementado los episodios de robos de autos y casas en esta zona", enfatizó Lema, que ahora también está intentando, junto a unas 40 familias, replicar las medidas de seguridad privada en la que están trabajando sus barrios vecinos.
La idea allí, también a través del modelo de recaudación entre los vecinos, es instalar dos garitas en el entorno de la plaza -una en la esquina de Pereira de la Luz y otra en Iturriaga- con personal de seguridad privado en horas de la noche, y la posibilidad de que en un futuro se instrumente un "sistema de rondas", que incluya a un efectivo motorizado.
Dos vecinas que conforman la comisión recabaron presupuestos, cuyos montos varían entre $ 20.000 y $ 80.000 por mes, cada garita con su guardia privado.
"Estamos conversando ahora entre todos los vecinos. Somos unas 40 familias las que hemos mostrado disposición a que esto se haga. Es una cifra razonable para empezar. La situación será distinta entre casas y edificios. Los edificios harían un aporte menor por unidad, pero que termina siendo mayor en el conjunto", explicó Lema, que calificó su propia propuesta como "un impuesto encubierto".
Consultado por El País, el ministro del Interior Eduardo Bonomi, expresó que la seguridad privada "tiene grandes limitaciones" y que la población civil no debe sustituir las tareas que competen a la Policía", sino involucrarse de otra manera, en la "prevención y educación".
"Si lo quieren hacer (pagar por seguridad privada) están en su derecho. La seguridad privada existe en el Uruguay, pero tiene grandes limitaciones. Evita por ahí que no roben una casa alguna vez, pero no detiene a los que van a robar. Puede cumplir un papel, pero no está ahí la solución", concluyó el ministro Bonomi.
Consideró además que el "involucramiento ciudadano" es fundamental para combatir la inseguridad, pero no cree que la mejor forma de involucrarse sea tratando de sustituir a la Policía.
"La seguridad nacional la planifica el Ministerio, la seguridad departamental el jefe de Policía de cada departamento. Pero en el barrio los vecinos y comerciantes son piezas clave para ver lo que está pasando. Por más tecnología que uno tenga, por más vehículo, por más armamento, si no participa la gente no hay seguridad", expresó Bonomi a El País.
La realidad indica que las empresas de seguridad privada crecen a pasos agigantados en Uruguay. El sector factura al año cerca de US$ 100 millones y el mercado lo componen unas 250 empresas, que dan empleo a más de 15.000 personas, según los datos disponibles.
En auge
Las consultas sobre planes de seguridad, pedidos de presupuesto y asesoramiento por parte de organizaciones de vecinos y jefes de hogar se han incrementado de forma "notoria" y están en "verdadero auge". Así lo reconocen las principales empresas que ofrecen servicios de seguridad privada. Además de la inseguridad, el crecimiento económico juega su papel.
"La gente tiene hoy un poquito más de poder adquisitivo, y la inseguridad está presente. Entonces lo vuelca hacia seguridad privada. Es así", explicó a
El País José Luis Collazo, gerente comercial de Securitas, que tiene 2.100 empleados desplegados en tareas de seguridad.
Los presupuestos que ofrecen las empresas son muy variados, dependiendo de lo que se pretenda implementar. Una persona con capacitación, equipado, con un móvil y un puesto de 24 horas por posición ronda los $ 100.000 al mes.
La cifra
15.000 son los empleos registrados en el sector de la seguridad privada en Uruguay. De ese total, 13.000 son guardias de seguridad.
Desde vecinos, instituciones, hasta comerciantes
Móviles QUE PATRULLAN LA ZONA DE liceos de Carrasco.
Por la calle Máximo Tajes, en Carrasco, se concentran varios liceos privados en un área de unos tres kilómetros. Los jóvenes que entran y salen de los centros educativos constituyen un blanco fácil para los delincuentes. Es así que uno de los liceos de esa zona contrató un servicio de seguridad privada, con dos móviles que patrullan el lugar. Otros liceos buscan acoplarse a la medida.
Garitas en Pocitos Nuevo, en la plaza Vinicius De Moraes
Los vecinos que habitan por las calles Iturriaga, Antonio Costa y Pereira de la Luz, a la altura de la plaza Vinicius de Moraes, se disponen a implementar un sistema de seguridad con garitas, además de una patrulla móvil que recorra la zona en horario nocturno. Se trata de unas cuarenta familias predispuestas a llevar adelante la medida, a pesar de considerarla un "impuesto encubierto".
Cámaras de SEGURIDAD y patrulla EN PUNTA CARRETAS
Los vecinos y comerciantes del barrio se han reunido en varias oportunidades y manejaron la opción de "invertir" en un completo plan de seguridad, con siete cámaras instaladas en puntos clave del barrio, un centro de monitoreo, además de una guardia física a pie y en moto, que esté conectada con la policía. Sólo la inversión de cámaras y el servidor ronda los US$ 45.000.
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