El (vergonzoso) costo de pertenecer (otra vergüenza) al G-20

ARGENPRESS
Hugo Blasco
Durante el "sumarísmo" tratamiento de la Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso nacional y promulgada por la Presidenta sin debates, sin consultas a especialistas académicos y no académicos, ni a los organismos de DDHH, algunos importantes referentes políticos del Gobierno expresaron que la ley es una “porquería” pero que esta administración no la va a aplicar.

El efecto negativo que la ley generó es inmenso a punto tal que organizaciones de todo tipo, grupos de intelectuales e incluso personalidades afines al Gobierno la rechazaron unánimemente llegando el juez de la Corte Suprema, Dr. Zaffaroni, a calificarla de “mamarracho”.
La multitudinaria marcha del 29 de diciembre próximo pasado a Plaza de Mayo convocada por la CTA junto a un sinnúmero de organizaciones de DDHH, sociales, estudiantiles y políticas dan muestra de ello.

Sin embargo la ley existe por decisión del oficialismo y está lista para ser aplicada. Como sabemos la aplicación de la misma corre por cuenta de los jueces (no del Gobierno) y dependemos de la interpretación que los mismos hagan de la norma.

Podríamos hacer distintos tipos de especulaciones. Lo cierto es que la ley fue presentada por el Gobierno como una exigencia de un organismo que representa al poder económico globalizado para que Argentina tenga certificado de “seguridad para las inversiones extranjeras” atacando el “lavado” de dinero. Lo primero que se nos ocurre es pensar en “pérdida de soberanía” al subordinarse nuestro País a las imposiciones de organismos como el GAFI. Además, curiosamente, uno de los países pilares del G-20 (grupo al que tenemos la deshonra de pertenecer), como Francia no tiene una ley antiterrorista como la que se aprobó aquí.
Mientras tanto se reprime salvajemente en Santa Cruz a los trabajadores estatales que luchan contra el ajuste; asesinan a tres jóvenes militantes sociales en Rosario por luchar contra la pobreza; matan fríamente a otra militante social en Matheu, partido de Escobar; se sigue amenazando y agrediendo a compañeros de los pueblos originarios que pelean por su derecho a la tierra que les pertenece y además se impulsan desde el Gobierno nacional, provinciales y municipales todo tipo de ajustes contra los trabajadores.
Esto va definiendo un escenario futuro de gran conflictividasd social
Seguimos pensando que esta verdadera Ley Terrorista contra el pueblo es la herramienta de “reserva” con que cuenta el Poder económico para que a través del Estado se discipline a la clase trabajadora y al pueblo argentinos cuando sus legítimas luchas constituyan un obstáculo para la reproducción eficaz del sistema capitalista y del modelo imperante en nuestra Patria.
Finalmente decimos:

 iiANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA, YA!!!
Hugo Blasco es Secretario DDHH de la CTA Nacional