En México también se asesina entre las paredes de las penitenciarías

El sistema carcelario de ese país está en el ojo de la tormenta por la violencia que se genera en el interior de las prisiones. La inacción política  ante peleas entre carteles de la droga rivales y fugas masivas que dejan centenares de muertos.

El sistema penitenciario mexicano se encuentra en el ojo de la tormenta y es tema de debate en todo el país. El pasado 4 se produjo en una cárcel de Tamaulipas una pelea colectiva que terminó con la vida de 31 reclusos, así como con la poca credibilidad que le quedaba al desempeño de los penales.

Las denuncias por violación a los Derechos Humanos, las fugas y los enfrentamientos entre grupos rivales se suceden con relativa normalidad y suelen perderse en la maraña de la pasividad política. Sin embargo, el último hecho parece haber sacudido a los medios y despertado a una opinión pública que, con las elecciones de julio próximo ya en el horizonte, mantiene vigente el reclamo y permanece a la espera de una pronta solución.
El pasado año se llevaron a cabo otros hechos de violencia masiva y generalizada, como el del 16 de octubre en la cárcel de Matamoros, que acabó con 20 reos muertos y 12 heridos. En el mismo mes, pero de 2008, el mismo penal fue escenario de otra riña que dejaría un saldo de 21 presos muertos, tras la que se anunció un refuerzo militar y de agentes federales.
También en marzo de 2010 se produjo una fuga de 41 internos, que se repetiría en diciembre del mismo año pero con un total de 141 reos escapados. Otras cuatro fugas masivas tuvieron lugar en los Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas ocurridas en los últimos años. Muchos de los enfrentamientos dentro de las cárceles se desarrollaron también con armas de fuego.
La reiteración de enfrentamientos dentro de las penitenciarías generó varias críticas sobre la sobrepoblación de dichos centros y las condiciones en las que se encuentran los reclusos. Ante la crisis, las autoridades federales intentaron despegarse de lo que ocurre en la mayoría de los diferentes estados del país. En noviembre pasado, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, declaró que “los registros estadísticos de incidencia en los centros penitenciarios muestran que las fugas, homicidios y motines no están ligados necesariamente a la sobrepoblación penitenciaria”. Y agregó que “se han presentado (fugas, motines y homicidios) en penales que no registran los índices más altos de sobrepoblación y, en consecuencia, se distingue que es por corrupción y por falta de conducción y dirección operativa penitenciaria”.
De todas maneras, a pesar de que la corrupción no sólo se evidencie por hechos de violencia y fugas masivas, sino también por los lujos y privilegios de los que gozan los poderosos dentro de los centros, hay una sobrepoblación en las cárceles de unos 46.217 presos, por lo que la explicación de la crisis tiene varias ramificaciones.
El problema de infraestructura se soluciona muchas veces ubicando entre siete y diez reclusos por celda, lo que genera hacinamiento y degradación. Por otro lado, se calcula que alrededor de 100.500 procesos no han tenido sentencia, por lo que el 40% de la población penitenciaria permanece sin condena.
Mientras tanto, el Partido de Acción Nacional (PAN) intenta destrabar la reforma del sistema, asegurando que la única salida es otorgar mayor participación a las autoridades federales, sobre todo en lo que a control se refiere, e investigar a los mandos penitenciarios.
Oscar Martín Arce Paniagua, diputado federal del PAN, aseguró que “es necesaria la creación de penales de máxima y súper máxima seguridad, ello ante los nulos resultados en materia de readaptación social en las cárceles estatales, que están inmersas en la corrupción”.
Los otros partidos más importantes del país coinciden en la necesidad de una impostergable transformación del sistema criminológico nacional
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