viernes, 20 de enero de 2012

¿Es Panamá un Estado posdemocrático?

ALESSANDRO GANCI CERRUD*

El término ‘posdemocracia’, acuñado por el sociólogo británico Collin Crouch, se refiere a gobiernos legitimados por una elección, pero que en su desenvolvimiento persisten vicios propios de un sistema no democrático.

La posdemocracia comienza en los líderes de los partidos políticos.
En democracia el liderazgo se obtiene mediante la militancia activa y el ejemplo, gran parte de las ciudadanía común participa en el diseño de la agenda, con un debate electoral centrado en intereses de las ciudadanía general y la presión activa de los movimientos de masa y movimientos cívicos de organizaciones autónomas como ONGs, iglesias, clubes cívicos etc.

Los partidos posdemocráticos han permitido que la agenda sea definida por caudillos miembros de las elites políticas y económicas, que se adueñan de un sistema político manipulado a través de campañas publicitarias. La política se personaliza en una figura particular y poco se recuerda la base doctrinaria del partido mismo. Los grupos económicos poderosos ocupan directamente o por medio de ‘fichas’ la estructura de dirección.


El debate electoral se limita a un espectáculo estrechamente controlado y gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, los ciudadanos realmente no eligen el partido por el que van a votar, es el equipo de marketing del candidato que elige la población que quiere que vote por ellos. Al existir poco control de los fondos de campaña en aras de la libertad de donar y a la privacidad, estas se vuelven desiguales con candidatos sin espacios y cobertura de propuestas.
Los ciudadanos se vuelven simples fichas con un papel pasivo y apático y la política se desarrolla tras bambalinas, mediante la interacción entre el gobierno elegido y las elites que representan los intereses de las empresas.
El gobierno se subordina y limita su actividad a una encomia capitalista sin restricciones, donde las multinacionales imponen sus condiciones a cambio de invertir en el país.
Esto ha producido el debilitamiento de la importancia política de los trabajadores y profesionales, quienes sufren las consecuencias de que las grandes empresas muevan sus operaciones estratégicamente a los países con mano de obra barata, sin los costos y controles de aquellos beneficios que constituyeron conquistas laborales. Ante estas facilidades, las empresas mismas se transforman, externalizan y subcontratan de más en más los procesos productivos, quedándose con la sede central de poder donde se toman las decisiones estratégicas, y no constituyen más que acumulaciones financieras temporales y anónimas.
A este fenómeno, Crouch lo llama la ‘empresa fantasma’ y dice que, siguiendo su ejemplo, los gobiernos intentan desprenderse gradualmente de toda responsabilidad directa del funcionamiento de los servicios públicos, se limitan a garantizar la libertad de mercado y a construir su imagen. Surge la subcontratación de servicios públicos y se gestiona por medio de concesiones sujetas a renovaciones periódicas, como en las famosas Asociaciones Público Privadas (APP).
En el Estado posdemocrático la democracia se trivializa, se corrompe el sistema transparente de pesos y contrapesos evitando, mediante leyes y prebendas, una real independencia de poderes y un control ciudadano del gasto público. Se utiliza el transfuguismo y el clientelismo político para asegurar leyes a la medida y a su vez controlan toda iniciativa que permita un voto igualitario como la paridad política, el debate, la publicación y límite tope de donaciones para las campañas. Los tránsfugas pasan entonces de representantes ciudadanos a ‘tenderos’, adivinando los deseos del cliente para mantener a flote el negocio.
Lamentablemente, nuestro país no escapa a este fenómeno.
El presidencialismo se ha impuesto ‘como nunca antes’ y rememora un autoritarismo de la época predemocrática (militar). Podemos hacer algo, por supuesto, trabajar desde adentro en los partidos políticos para exigir democracia y transparencia interna, unirnos a los grupos cívicos y abanderar como ciudadanos una constituyente que permita un ‘reseteado sin backup’ (valga el anglicismo) de la institucionalidad para evitar que gobernantes piensen sin decirlo: ‘El Estado soy yo’.
*MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN CONCIENCIA CIUDADANA

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