Gobierno de México usa a indígenas como 'chivos expiatorios'

El gobierno de México no garantiza los derechos de los pueblos indígenas en los procesos penales, e integrantes de este sector de la población enfrentan juicios irregulares, falsas acusaciones y existen casos en que son "chivos expiatorios" como presuntos responsables de delitos graves en el contexto del crimen organizado

Estas son las conclusiones del informe que el Centro Prodh presentará ante Naciones Unidas, como parte del periodo de evaluación al que será sometido el Estado mexicano en febrero próximo en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU(CERD).
José Rosario Marroquín, presidente del Centro Prodh y Sthepanie Erin Brewer encargada del Área Internacional de la organización, en conferencia de prensa dieron a conocer el informe en el que pedirán a la ONU que emita recomendaciones al gobierno de México para impedir que se sigan cometiendo más injusticias contra los indígenas acusados de delitos.

Detallaron que actualmente 10% de la población penitenciaria es indígena, y muchos de los casos presentan irregularidades procesales, y a los detenidos en múltiples ocasiones se les niega incluso el derecho a contar con un traductor para su defensa.
El documento que se entregará al organismo internacional incluye cinco casos paradigmáticos de juicios penales contra indígenas en los que se han demostrado anomalías, como los de Jacinta Francisco Marcial, así como los de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, además de Basilia Ucan Nah, que aunque están libres después de estar años en prisión, aún no se les reconoce su inocencia y no han recibido reparación del daño.
También se incluyen los casos del indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, preso por los delitos de secuestro y portación de armas; así como los de José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz en cuyos proceso se han violado los derechos humanos de los acusados, quienes eran activistas por la defensa del agua en su comunidad
El Universal