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La Corporación de la City de Londres, la administración local de la que depende la calle y la plaza tomadas, consiguió la orden judicial para la evacuación forzada después de que la petición voluntaria de retirar las tiendas fuera ignorada por los manifestantes hace varias semanas
El mismo juez que autorizó el desalojo permitió también la apelación, que no era automática, prolongando unas semanas más el forcejeo judicial entre las dos partes. La agrupación Occupy London aduce su derecho a protestar pacíficamente y a la libertad de expresión y reunión para justificar sus acciones.
Inspección del juez
El juez Keith Lindblom visitó personalmente el campamento antes de Navidad durante la vista previa a la sentencia. En su veredicto dijo: "He tomado en consideración los obstáculos que presenta [el campamento] a la vía pública, los derechos de los feligreses, las normativas de planificación y el efecto que están teniendo las instalaciones en la zona. El derecho a protestar no justifica el campamento semipermanente en la vía pública".
A pesar de su sentencia, el juez resaltó el comportamiento "impecable" de los indignados con el sistema capitalista y las desigualdades que genera el sistema financiero que se cuece en la City de Londres. Los manifestantes no consiguieron ocupar la Bolsa de Londres hace tres meses y opta-ron por instalarse lo más cerca posible, junto a San Pablo.
John Cooper, abogado de Occupy London, había preparado su intervención y se esperaba el veredicto contrario a sus representados. Tras repetir su argumentación, convenció al juez para que se le permitiese apelar. Durante casi dos horas adujo tecnicismos y artículos legales hasta que se salió con la suya. A la salida del juzgado, Cooper aseguró que "hemos conseguido que reconozcan la integridad de los manifestantes; con este caso hemos ampliado en este país los límites de la protesta en la calle".
Apoyos de religiosos
Entre el público que accedió a la sala en la que se iba a anunciar la sentencia, estaba Giles Fraser, exrector de la catedral de San Pablo, quien dimitió de su cargo en solidaridad con los indignados y en contra de las autoridades de la catedral que han hecho piña con la Corporación. Giles Fraser comentó: "Pueden desalojar a la fuerza el campamento, pero no pueden desalojar las ideas que lo han formado". En el anglicanismo en torno a la catedral de San Pablo se ha producido un cisma respecto a qué hacer con los manifestantes.
Un grupo de curas encabezados por el mismo Giles Fraser y seguidos por otros como los reverendos Alan Green y Paul Turp, de parroquias del este de Londres, son partidarios de que la Iglesia apoye a los indignados e incluso pidieron que se abriesen las puertas de la catedral para darles cobijo, mientras que la cúpula del anglicanismo ha cerrado filas con la corporación municipal.
Visitas solidarias
El arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, ha sido uno de los visitantes que se han acercado al campamento para conocer de cerca a los anticapitalistas. Otros de los que han pasado por allí han sido el reverendo norteamericano Jesse Jackson y la diseñadora Vivienne Westwood. Uno de los hijos de Westwood está instalado en una de las tiendas de campaña. Ni el frío ni la humedad de estos días en Londres han alejado a los ocupantes de las instalaciones callejeras.
La decisión del juez del Alto Tribunal se produjo dos días después del desalojo forzado de otra protesta casi legendaria: la que empezó en 2001 delante del Parlamento el pacifista Brian Haw (1949-2011) para protestar contra la intervención británica en Irak y Afganistán.
La gesta del grupo de Brian, fallecido por cáncer de pulmón el año pasado, acabó el martes con la intervención en la oscuridad de la noche de la Policía, que desmanteló las tiendas de campaña y las pancartas. El modus operandi de los agentes de Policía irritó a los manifestantes: "Quieren limpiar la ciudad para los Juegos Olímpicos", criticó una desalojada ante el Parlamento.
Fuente:Publico.es
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